Defender los Derechos Humanos: La Educación

El día 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos. Es buen momento para reflexionar sobre uno de los derechos que está en la base de otros muchos: el que señala el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), referido a la educación; y especialmente el punto 26.3: “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.”

Relacionados con este artículo se encuentran también el art. 2, el 7, el 18 y el 19, en los que se hace referencia a la no discriminación por razón de raza, idioma, religión…; a la igualdad ante la ley; a la libertad de pensamiento, conciencia y religión; a la libertad de opinión, expresión…

El derecho a escoger el tipo de educación conlleva que haya libertad de enseñanza: Libertad de los padres para elegir el centro educativo que deseen para sus hijos y para educarlos según sus propias convicciones morales y religiosas. Libertad de la sociedad para crear y dirigir centros educativos. Estos derechos están amparados en el art 27 la Constitución, en los principios 2 y 7 de la Declaración de los Derechos del Niño, en el art 26 de la DUDH, como ya hemos señalado; y en diferentes documentos de derecho internacional.

La libertad de enseñanza es una libertad fundamental, pues está en la encrucijada de otros derechos y libertades: libertad de creencias, de pensamiento, de expresión, de difundir cultura. Cuando se elaboraba la Constitución se dijo en el Congreso: “La libertad de enseñanza es la piedra angular en la edificación de la democracia”.

La libertad de enseñanza podemos considerarla como una auténtica libertad de libertades. Cuidándola se ponen las bases de una sociedad democrática y plural.

En estos momentos, en los que debería ser prioritario trabajar unidos en la lucha contra la pandemia, se está produciendo un hecho tremendamente grave que está dividiendo a la sociedad: la rápida tramitación parlamentaria de la nueva ley educativa: la LOMLOE, conocida como “ley Celaá”.

Las libertades señaladas antes corren peligro si sigue adelante la ley Celaá sin admitir enmiendas que la modifiquen:

– Restringe la libertad de elección de las familias sobre el modelo educativo que quieren para sus hijos: Elimina la demanda social como elemento a tener en cuenta en la programación de los puestos escolares, realizando una planificación unilateral.

– No tiene en cuenta el papel de la familia y de los padres como primeros educadores de sus hijos: Insisten en los derechos de la infancia como si estos los tuviera que defender la Administración en contra de los padres, no tienen en cuenta que son los padres los que protegen a sus hijos, también frente a la intromisión del Estado.

– La asignatura de Religión queda sin valor académico, sin carácter evaluable y sin alternativa.

– Tiene una fuerte carga ideológica: impone visiones controvertidas y no consensuadas como la memoria democrática o la ideología de género y elimina la lengua común de todos los españoles como lengua vehicular.

– Retrocede a planteamientos pedagógicos ya superados en la mayoría de modelos educativos del mundo desarrollado: la enseñanza comprensiva que pretende ser igualitarista, cuando lo que en realidad se necesita es una educación personalizada que atienda a cada alumno según sus necesidades y capacidades. Un aspecto de esta enseñanza comprensiva es el planteamiento radical de la inclusión y de la coeducación que puede llevar al cierre de centros de Educación Especial y centros de Educación diferenciada.

El gobierno habla de una ley progresista, pero, en vez de progresar hacia más libertad y calidad, camina hacia el pasado; es una ley reaccionaria que vuelve a posiciones sectarias que deberían estar superadas. En vez de diálogo y tolerancia ofrece intolerancia, exclusión, actitudes propias de regímenes totalitarios.

Desde posiciones extremistas se olvida el acuerdo y el consenso: No se han tenido en cuenta aportaciones de asociaciones de padres, de profesores o entidades que discrepasen del pensamiento único que el gobierno quiere imponer. No se les ha dejado participar en el debate de la ley en la Comisión de Educación del Congreso.

Pretenden enfrentar a la escuela pública con la concertada, cuando a ambas podemos considerarlas públicas: Unas de iniciativa estatal y las otras de iniciativa social; por tanto los fondos públicos deben llegar a todos con una financiación suficiente, no exclusivamente a los centros del Estado.

Con la excusa de defender la escuela pública, “de todos y para todos”, lo que anhelan es una educación controlada por el Estado. Este no es el modelo que señala la Constitución, en ella se optó por el equilibrio, la convivencia, la coexistencia y la pluralidad. Ahora se abandona ese acuerdo y se opta por la exclusión.

Es necesario recordar las palabras del Papa Francisco: “Las ideologías sectarizan, las ideologías deconstruyen la patria, no construyen, aprendamos esto de la historia…es muy triste cuando las ideologías se apoderan de la interpretación de una nación”.

No podemos quedarnos parados ante esta ley ideológica: hemos de continuar haciendo propuestas para mejorar nuestro sistema educativo, siguiendo un modelo integrador de diálogo y acuerdos que haga posible un gran Pacto Educativo.

Resulta imprescindible que nos movilicemos en defensa de la libertad y los derechos de todos los españoles. Exijamos que no se cuestione ninguno de los derechos humanos recogidos en la Declaración Universal.

Escrito por don  Alfonso García del Pino Megía

Maestro y Licenciado en CC de la Educación